Convocatoria del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

La humanidad vive momentos de grandes conflictos que deben resolverse a favor de los oprimidos, los sectores de poder en este siglo XXI han incrementado sus ataques contra los países que han establecido resistencias populares contra el saqueo de los recursos naturales y el establecimiento de formas de producción que atentan contra la misma población trabajadora en todo el planeta.

Al mismo tiempo los pueblos a pesar de estos ataques no han dejado de organizar sus fuerzas para emprender movimientos de liberación nacional en distintos países de nuestro continente. Ejemplos como el de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina y la siempre combativa Cuba nos indican que no todo está perdido y es necesario continuar creando organizaciones populares que construyan la unidad latinoamericana para hacer frente al enemigo imperial.

Por otro lado la avanzada imperialista no solo es contra los gobiernos antiimperialistas, también en los países con gobiernos pro-imperialistas vemos el establecimiento de reformas constitucionales como parte de la receta neoliberal de Washington, allí la nueva invasión está andando. El establecimiento de bases militares del Ejército de los Estados Unidos en Colombia, la renovación de la cuarta flota, el Plan Puebla Panamá, Tratados de Libre Comercio; entre otros, son los cañones de guerra que hoy llevan muerte y destrucción a los pueblos pobres de nuestro continente.

En este sentido el paramilitarismo como arma de destrucción de los movimientos populares progresistas se sigue extendiendo, entre el final del mes de Marzo y principios del mes de Abril de este año 2016 han caído en manos de la violencia militar militantes de Partidos de izquierda de Venezuela así como funcionarios civiles y militares. En la misma semana la defensora de los derechos humanos la colombiana Piedad Córdoba ha denunciado que fue víctima de un atentado frustrado por su equipo de seguridad.

Ante las victorias organizadas del pueblo, los sectores de poder responden con el asesinato de líderes populares, el caso más reciente fue el vil asesinato de la líder Bertha Cáceres por la lucha de los pueblos indígenas de Honduras contra los proyectos hidroeléctricos.

Un acontecimiento fundamental para comprender la política del Gobierno de los Estados Unidos ha sido la visita realizada a Cuba y luego a Argentina. Se están haciendo esfuerzos inútiles del imperialismo por establecer un nuevo orden mundial que apunte hacia hegemonía productiva, de comercialización y cultural del sistema capitalista. Ante el avance de alternativas pluripolares como los BRICS, la gran potencia del norte de américa responde con avanzadas militares sobre punto neurálgicos del medio oriente creando grandes movimientos armados que alimentan el negocio de la guerra pero esta vez desde el gran mercado internacional de mercenarios que ha tenido su mayor acción en países como Libia y Siria.

De esta manera hoy las fuerzas de Norteamérica con sus países aliados y la Comunidad Europea en conjunto con la ONU, la OTAN y la Organización Mundial de los Derechos Humanos se hacen cómplices de la campaña de difusión del terrorismo para justificar intervenciones militares. Hoy la gran pantalla nos presenta “El Estado Islámico” como la película de guerra para seguir vitalizando el metabolismo de acumulación de capital en los consorcios internacionales que pagan la gran destrucción armada.

Los atentados de Francia y Bélgica, así como los episodios de supuestas agresiones contra la Casa Blanca nos acercan hacia lo que será la próxima intervención armada de nueva generación a escala global.

Por las razones antes expuestas es necesario continuar alentando la organización social para la promoción y lucha por los derechos humanos, la democracia y la justicia.

LA REALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

México vive la peor crisis de Derechos Humanos de su historia contemporánea. Han tomado carta de naturalización los más graves atentados contra la dignidad humana, de tal forma que hoy parecen normales las desapariciones forzadas de personas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura en sus formas más crueles e inhumanas, los secuestros, la explotación, esclavitud y la eliminación de migrantes, la trata de personas, los "levantones" seguidos de la aparición de cuerpos lacerados, el despojo de tierras comunitarias para establecer mega negocios o proyectos de muerte, el desplazamiento forzado de poblaciones por acción del crimen organizado y la comisión de crímenes por las fuerzas armadas, a pretexto de la seguridad. Y todo esto se suma a las viejas prácticas que tienen en el poder a una casta insaciable: fraudes electorales, compra de votos y voluntades, financiamiento ilícito de campañas comiciales, la corrupción como una constante de los actos del gobierno y la represión a toda forma de resistencia. Todo esto se llama neoliberalismo y ha entronizado un poder a nombre de los detentadores de la riqueza.

Acontecimientos recientes se destacan por su carácter paradigmático: la ejecución de más de 20 personas en Tlatlaya, Estado de México, donde intervino el ejército; los hechos de Apatzingán, Michoacán, donde policías federales privaron de la vida a varias personas; el enfrentamiento en Ecuandureo, también Michoacán; y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero los días 26 y 27 de septiembre del 2014. En éste último hecho también se privó de la vida a 6 seres humanos.

Oaxaca es, igual que Tamaulipas y otros puntos del país, lugar de frecuentes violaciones a los Derechos Humanos. Como lo demuestran los crímenes de lesa humanidad cometidos por Ulises Ruiz Ortiz, en contra del pueblo de Oaxaca durante el 2006. La Comisión de la Verdad documentó hechos de la mayor gravedad y es deseable que no queden impunes. La llamada Reforma Educativa (en realidad administrativa y laboral), agrede los derechos sociales históricos del pueblo oaxaqueño, particularmente de los pueblos indígenas y entre sus saldos más dramáticos tiene en prisión a maestros ejemplares en el cumplimiento de sus tareas.

Para vergüenza de las y los mexicanos, el Estado es permanentemente supervisado por organismos internacionales, acerca de las múltiples denuncias de violación a Derechos Humanos. Dependientes de Naciones Unidas, varios relatores han realizado visitas formales a México y producido informes que dan cuenta del desastre que en la materia vivimos en México. La CIDH nombró un Grupo Inter disciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) para el caso Iguala – Ayotzinapa,  sus reportes han sido contestados con furia y sin argumentos válidos por funcionarios federales de alta jerarquía. Es vergonzoso que el gobierno eche mano de la prensa a su servicio y de supuestos defensores de Derechos Humanos, en un vano intento por desacreditar a los integrantes del GIEI y a la propia CIDH, así como al relator Juan Méndez.

En materia de seguridad nacional el control territorial del país está a cargo de las fuerzas armadas. El Ejército y la Marina se reparten la vigilancia de las zonas estratégicas del país, incluidas áreas de producción y distribución de recursos económicos vitales (hidrocarburos, electricidad, etcétera). Además, con la militarización de las distintas policías (municipal, estatal y federal), generales y coroneles del Ejército y algún almirante de la Armada están al frente de las secretarías de Seguridad Pública y/o los aparatos de inteligencia en más de la mitad de los estados mexicanos.

A partir del sexenio de Felipe Calderón, las fuerzas armadas han venido aplicando un plan de exterminio, encubierto bajo el disfraz de una guerra contra la criminalidad. En 2008, el documento “la Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico”, alertaba sobre el riesgo de la inviabilidad del país ante la previsible simbiosis entre cárteles criminales y grupos armados desafectos al gobierno, objetivos a aniquilar mediante una cruzada nacional de tipo contrainsurgente.

Además, a la sombra de los militares, con su consentimiento y encuadrados como estructuras paralelas a las fuerzas regulares del Estado, resurgieron escuadrones paramilitares y comandos de exterminio social.

En medio de tanta muerte, horror y caos, queda parcialmente invisibilizado que esas máquinas de muerte, estatales y privadas, están al servicio de un nuevo arreglo espacial y de lo que Da

vid Harvey ha denominado acumulación por despojo, implica una mercantilización y privatización de territorios, incluidos la tierra y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta ahora cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de sus tierras comunales y ejidales en beneficio de grandes corporaciones transnacionales, y su utilización como una mercancía más, susceptible de ser desechada o como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semiesclavitud, como en San Quintín, Baja California, y decenas de campos bajo propiedad privada en áreas de Sinaloa, Sonora y Nayarit.

Las zonas que contienen recursos específicos (oro, plata, hierro, hidrocarburos, agua, tierras raras) hacen posible la formación de enclaves económicos y modifican la relación entre las personas y su entorno. La concentración de actividades extractivas (minería e hidrocarburos) convierte esos enclaves en espacios privilegiados de la depredación, la guerra y la muerte, tareas a las que se sumarán ahora como fuerzas de choque la Gendarmería Nacional y un cuerpo especializado de la policía militar con base en Escobedo, Nuevo León.

Eso explica la compra de equipo militar por más de mil 150 millones de dólares en 2014 −año en que fueron a entrenarse en el Comando Norte del Pentágono tres mil oficiales mexicanos, a los que se sumaron cuatro mil más en 2015−, así como la acelerada aprobación para que agentes de Estados Unidos porten armas en el territorio nacional.

En México, neocolonia de Estados Unidos, el necropoder transnacional −un poder difuso no exclusivamente estatal− inserta la economía de la muerte en sus relaciones de producción y poder: como Calderón, Enrique Peña Nieto ejerce de facto una autoridad clasista mediante el uso de la violencia y se arroga el derecho a decidir sobre la vida de los gobernados. La catástrofe que viene tiene que ver con otra fase de acumulación capitalista por despojo.

Los pueblos indígenas son despojados de sus territorios, a través, de la imposición de los proyectos de muerte que establecen las empresas extranjeras, respaldadas por gobiernos entreguistas neoliberales que los favorecen, provocando hambre, saqueo, destrucción y promoviendo el enfrentamiento entre comunidades o de plano la agresión de grupos paramilitares o de sicarios; sufriendo así graves violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales; así como violaciones permanentes a sus derechos colectivos que tienen para construir sus diferentes mundos de relaciones individuales y colectivas, de acuerdo con sus prácticas sociales, sus vidas en comunidad y sus necesidades, entre los cuales podemos destacar los siguientes derechos: a la vida, a la paz, al territorio, a la tierra , al desarrollo y a un medio ambiente limpio y sano.

No obstante el obscuro panorama, la ciudadanía no deja de luchar por la vigencia y la eficacia de las normas relativas a los Derechos Humanos. Ha ganado batallas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde la Corte de San José, Costa Rica, dictó sentencias condenatorias contra el Estado perpetrador. El caso Radilla es ejemplar en este sentido y ha producido sacudidas en el vetusto sistema mexicano de procuración y administración de Justicia. 

Gracias a la persistencia y la seriedad argumentativa de los organismos civiles de Derechos Humanos, se reformó el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para recoger importantes principios como los siguientes:

a) La igualdad de las normas contenidas en la Constitución de la República y las de los tratados internacionales de Derechos Humanos como son: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, etc.

b) La utilización del término Derechos Humanos, que es más amplio y preciso que el de garantías individuales que antes se utilizó.

c) El principio Pro – Persona, conforme al cual cuando existan dos normas aplicables a un caso, se aplicará aquella que contenga el parámetro más alto de protección de los DH.

d) El control de convencionalidad que deben aplicar todas las autoridades del país.

f) La especificación de que el Estado reconoce los derechos (antes se decía que los otorgaba).

Lamentablemente, las luchas de la sociedad, plasmadas como avances en el terreno legal, tienen muchas asignaturas pendientes. Muchas leyes en México siguen siendo material para los discursos políticos, pero no aterrizan en la vida cotidiana. Persiste la tortura como método de investigación; las autoridades están en muchos casos vinculadas con los grupos criminales; el sicariato es la ocupación de miles de jóvenes; en ocasiones, los organismos de poder y la delincuencia son la misma cosa.

Además el objetivo de Enrique Peña Nieto al reformar el artículo 29 de la Constitución es para dotarlo de mayores – nuevas facultades para la suspensión de las garantías constitucionales y violar los derechos humanos del pueblo mexicano, cuando él lo considere con el establecimiento de un estado de excepción por orden de él mismo, lo cual, permitirá la declaración de toques de queda y estado de sitio en todo el país.

Por las consideraciones anteriores, en el marco de la Asamblea de los Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública y Gratuita, los Derechos Humanos, nos proponemos constituir un Observatorio de los Derechos Humanos, la Democracia y la Justicia, con la intención de que los pueblos en resistencia contemos con un instrumento que nos posibilite estar en mejores condiciones de enfrentar las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que sufrimos.

¿Qué es el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos?

El Observatorio es una iniciativa de la sociedad civil organizada para vigilar, analizar y difundir en todos los espacios nacionales e internacionales la situación que guardan los derechos humanos y la democracia en nuestro país y América Latina.

Entre sus objetivos se encuentran: posicionar los dos temas en cuestión en el ámbito de la esfera pública, ampliar el conocimiento de la sociedad sobre los derechos humanos, la democracia y fortalecer la participación de la sociedad en el ejercicio de los mismos.

Se pretenden alcanzar los objetivos mencionados por medio del monitoreo de medios de comunicación y la vinculación directa con los afectados, un programa de educación en derechos humanos  dirigido a las organizaciones sociales participantes y los pueblos en general.

Por lo antes expuesto y conscientes de que las leyes benéficas para el pueblo no se aplicarán por sí solas, ni sus beneficios vendrán de la autoridad como una graciosa dádiva, hemos decidido crear un OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS de acuerdo con  las siguientes

BASES:

Primera.- El Observatorio tendrá dos órganos: el Consejo Consultivo y el Secretariado Técnico.

Segunda.- El Consejo Consultivo se conformará con intelectuales, dirigentes y luchadores sociales, autoridades comunales y ejidales, académicos, artistas, ministros de culto de la teología de la liberación, feministas, profesionistas y personalidades que se hayan destacados en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, nacionales e internacionales.

Tercera.- Los integrantes del Consejo Consultivo podrán ser nacionales o de otro país.

Cuarta.- De las Funciones del Consejo Consultivo.

  1. Realizar visitas in situ, cuando en el Secretariado Técnico se reciban denuncias o peticiones de alguna persona o colectividad.
  2. Prestar asistencia técnica en materia de Derechos Humanos a quienes lo soliciten.
  3. Emitir declaraciones públicas sobre hechos que a su juicio lo ameriten.
  4. Dirigir escritos  y acciones urgentes a las autoridades correspondientes con exhortos, planteamientos  o denuncias sobre hechos relacionados con violaciones a Derechos Humanos.
  5. El Secretariado técnico funcionará con grupos de trabajo acerca de los siguientes temas:
  1. 1.                   Terrorismo Mediático
  2. 2.                  Ejecución Extrajudicial
  3. 3.                  Tortura
  4. 4.                  Desaparición Forzada de Personas
  5. 5.                  Asesinato de Periodistas, Dirigentes Sociales, Defensores Comunitarios y de Derechos Humanos
  6. 6.                  Privatización de la Educación
  7. 7.                  Privatización del Agua
  8. 8.                  Imposición de Proyectos Mineros y Eólicos
  9. 9.                  Despojo del Territorio mediante la eliminación de las tierras comunales y ejidales.
  10. 10.               Estado de excepción

Sexta.- Los grupos buscarán la asesoría profesional de especialistas, académicos y personas con experiencia en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

Séptima.- El Secretariado Técnico hará el seguimiento cotidiano del estado de los Derechos Humanos, cuando menos en los temas mencionados. Sistematizará la información y la entregará al Consejo Consultivo cuando éste la solicite.

Octava.- El Secretariado Técnico publicará informes periódicos acerca de la situación de los Derechos Humanos.

Novena.- Vigilar la permanencia de los Derechos Humanos en las legislaciones de México y América Latina y la inclusión de los Derechos Humanos de segunda y tercera generación.

Décima.- Tanto el Consejo Consultivo como el Secretariado Técnico orientarán su actuación por los principios de honestidad, compromiso con los agraviados y profesionalismo ético en la realización del trabajo.

Onceava.- El Consejo Consultivo gozará de plena autonomía en la emisión de sus dictámenes.

Organizaciones:

Movimiento Nacional del Poder Popular (MNPP) – Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP) – Coalición Obrera Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI) – Frente Regional de la Sierra Sur (FRSS) – Unión de Comisariados de la Sierra Sur – Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) – Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH) – Organización de los Pueblos Indígenas del Bajo Mixe (OPI) – Organización de los Pueblos Indígenas de la Cuenca (OPIC) – Coalición de los Pueblos Indígenas de Valles Centrales (COPIVAC) – Coordinadora de Colonias Unidas de Salina Cruz – Barzón Federación: Estado de México, Querétaro, Morelos, Veracruz, Guerrero y Distrito Federal – Frente de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas (FOSICH) – Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) – Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CEND del SNTE) Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo (MUSOC-GP -Michoacán) – Promotora del Poder Popular-Michoacán – Coalición Nacional de Cooperativas y Empresas Sociales (CONACyES).

Personalidades:

Carlos Fazio, José Enrique González Ruiz, Eduardo Correa Senior

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México,  a 11 de abril de 2016.